El sistema
sanitario español ha supuesto hasta la llegada de la crisis económica uno de
los grandes orgullos de la ciudadanía de este país. Un modelo público
universal, gratuito y de calidad, que pese a necesitar mejoras de calado, ha
conseguido generar confianza en la ciudadanía. Una confianza ganada a pulso a
través de un sistema que ha logrado implantar una red asistencial que no ha
dejado prácticamente a nadie atrás. Con un modelo de gestión de trasplantes
pionero a nivel mundial; con una red de teleasistencia para los más mayores que
atiende a un sector de la población que sufre las consecuencias de algo tan
positivo como es el aumento de la esperanza de vida; con una red de grandes,
medianos y pequeños hospitales, complementados por ambulatorios casi en cada
núcleo de población sustancial, que han contribuido a la tranquilidad de la
población en un tema tan fundamental.
Pero aunque la evolución del sistema
público de salud ha sido en líneas generales positiva, y más si lo comparamos
con la mercantilización que de este servicio se ha hecho en otras latitudes,
siempre quedan cosas por mejorar. Con la crisis económica, el sistema sanitario
ha sido uno de los servicios públicos más castigados por unas políticas de
austeridad que han mermado gravemente su calidad, entregando la salud de la
mayoría de los ciudadanos a la voracidad de las empresas privadas. Este
deterioro del sistema sanitario no solo afecta a esa confianza ganada durante
años, sino que, lo que es peor, atenta directamente contra la igualdad y la
justicia social.
Aumento de las listas de espera, atención
deficitaria en los servicios de urgencias, limitación del tiempo dedicado al
paciente por parte de los facultativos, empeoramiento de las condiciones
laborales del personal sanitario, intento de privatización mediante
externalización de servicios, y un largo etcétera de elementos que nos llevan a
pensar que algo tan preciado y que ha costado tanto conseguir, necesita de una
protección especial frente a los ciclos de la economía de mercado y frente a
los que pretenden hacer negocio con un elemento tan nuclear en la vida de los
ciudadanos.
Por todo esto, desde Alternativa Ciudadana Progresista
proponemos una reforma constitucional que impida, igual que se ha hecho con el
pago de la deuda, que se rebaje el presupuesto en sanidad (y en el resto de
servicios públicos fundamentales) y que garantice la gestión pública del
sistema. La mejora de la gestión puede llevar al ahorro, por ejemplo unificando
diecisiete sistemas estancos, centralizando compras, evitando duplicidades,
desarrollando estrategias de mejora del propio sistema, pero bajo nuestro punto
de vista, siempre desde el colchón de una financiación suficiente y creciente,
que no esté a expensas de los vaivenes de la economía global y de la entrada de
capital privado con intereses espurios.
Desde nuestra
organización tenemos claro que un objetivo tan ambicioso solo se puede llevar a
cabo desde la unidad cada vez a mayor escala. La fragmentación de España solo
crearía mayores dificultades al mantenimiento de una red asistencial pública de
calidad y por eso nos oponemos frontalmente a los secesionismos interesados que
en nada benefician a los más débiles. Por lo tanto, por una mejor sanidad,
pública, universal, gratuita y de calidad, nos sumamos al conocido eslogan del #JuntsImillor
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